Larissa Caballero
Tehuacán, Puebla. La asociación civil TAC busca la inhabilitación de tres exfuncionarios municipales de Tehuacán por presuntas omisiones en la atención de denuncias de maltrato animal y el cierre de expedientes sin una investigación adecuada, informó Catalina Aguilar, representante jurídica de la organización. Explicó que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió dos sentencias favorables a los denunciantes, cuyos procedimientos se encuentran actualmente en etapa de ejecución.
Uno de los casos se originó tras la desaparición de un perro y la posterior entrega de un ejemplar con lesiones, hechos que derivaron en denuncias contra servidores públicos municipales. De acuerdo con Aguilar, uno de los señalados ocupó posteriormente un cargo en la Contraloría Municipal y participó en el cierre de expedientes en los que él mismo había sido denunciado. Alrededor de 12 ciudadanos, incluida TAC, impugnaron la decisión ante el tribunal, cuya resolución reconoció un presunto conflicto de intereses e irregularidades administrativas y ordenó verificar y sancionar las conductas correspondientes.
El segundo expediente involucra a un excoordinador de Bienestar Animal durante una administración encabezada por Andrés Caballero, a quien se señaló por presuntamente no atender diversos reportes relacionados con animales. Según la representante jurídica, el caso tuvo que ser atendido por otra institución estatal, pese a que correspondía intervenir al funcionario municipal. La denuncia también derivó en una sentencia favorable a la promovente, luego de que la Contraloría Municipal cerrara el expediente; ahora, TAC busca que se cumplan las medidas determinadas por el órgano jurisdiccional.
La representante jurídica señaló que dejar el cargo no exime a los exfuncionarios de las posibles responsabilidades derivadas de las denuncias y advirtió que otros servidores públicos también podrían estar involucrados en el primer caso. Por ello, TAC continuará los procedimientos administrativos para que se determinen las responsabilidades y evitar que personas señaladas por omisiones en la atención de denuncias de maltrato animal vuelvan a ocupar cargos públicos sin que se resuelva su situación legal.