El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha manifestado públicamente su intención de presentar una denuncia formal contra la marca deportiva Adidas. La acción legal se debe al presunto uso indebido del nombre del estado y la apropiación cultural en un reciente modelo de calzado, lo que ha generado una fuerte controversia en la región y en redes sociales.
La disputa se centra en el modelo llamado “Oaxaca Slip-On”, un zapato creado en colaboración con el diseñador mexicoamericano Willy Chavarría. Este calzado, según las autoridades locales, se inspira de manera no autorizada en los huaraches tradicionales de la comunidad indígena de Villa Hidalgo Yalalag, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca. La pieza mezcla elementos artesanales con un diseño moderno.
El calzado en cuestión utiliza elementos típicos de la región, como el cuero y un tejido entrecruzado que recuerda a los huaraches tradicionales. Sin embargo, en lugar de la suela de cuero o goma, el diseño de la pieza incorpora la suela tipo “sneaker” característica de la marca alemana. Esta fusión ha sido señalada como un intento de comercialización sin el debido reconocimiento a la cultura local.
La polémica se intensificó tras la presentación del modelo en un evento en el Museo de Arte de Puerto Rico. Fue en este momento cuando las autoridades de Oaxaca se percataron de la situación. Según el gobierno del estado, la marca no solicitó la autorización necesaria para utilizar el nombre “Oaxaca” ni para basar su diseño en elementos culturales tan representativos de la comunidad.
Esta situación no es nueva, pues en años recientes varias marcas de moda de alta costura han sido acusadas de apropiación cultural por replicar diseños tradicionales indígenas de México sin dar crédito ni compensar a las comunidades. La posible denuncia de Oaxaca contra Adidas busca sentar un precedente y proteger el patrimonio cultural del estado.
Hasta el momento, la marca Adidas no ha emitido un comunicado oficial sobre las intenciones del gobierno de Oaxaca. Se espera que, en los próximos días, el estado haga oficial la denuncia, lo que podría desatar una disputa legal sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual de los diseños y nombres culturales de las comunidades indígenas.