La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este día, con una votación unánime, la demanda del gobierno de México contra dos empresas fabricantes de armas, acusadas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.
Con una votación de 9 a 0, los jueces anularon una decisión previa que permitía continuar el caso contra Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. Según Associated World Press, el fallo se basó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente desde 2005, que protege a los fabricantes de armas cuando sus productos son usados para cometer delitos.
La demanda, presentada en 2021 en Boston, acusaba a las compañías de mantener una red de distribución que permitía la venta a compradores de “paja”, quienes posteriormente traficaban armas a México. Además, señalaba que las empresas promovían sus productos como armamento de uso militar, apelando al mercado criminal mediante publicidad vinculada a fuerzas armadas.
Este revés judicial representa un obstáculo importante para los esfuerzos del gobierno mexicano de responsabilizar legalmente a fabricantes de armas estadounidenses por su presunta participación en el flujo de armamento hacia el crimen organizado en México. Se estima que más del 70% de las armas incautadas en crímenes en México provienen de Estados Unidos, muchas de ellas adquiridas por compradores de paja que evaden las regulaciones.
Con esta decisión, México pierde la posibilidad de obtener hasta 10 mil millones de dólares en compensación. El gobierno buscaba no solo una reparación económica, sino también abrir un precedente legal internacional que responsabilizara a las empresas de armas por el impacto transnacional de sus productos y su contribución directa a la violencia armada en territorio mexicano.
Aunque el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. cierra esta vía judicial, autoridades mexicanas podrían explorar acciones diplomáticas o reformas internacionales que frenen el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.
